Fuente:El pais
Joan Benach 16 AGO 2012 - 00:03 CET
Cita:
"El real decreto de abril del Gobierno del PP es una contrarreforma que nos lleva tres décadas atrás. Quieren seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto
MARCOS GUARDIOLA
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La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service británico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto a Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia.
En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista, dos tercios de la población tenían alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público.
Para que la privada pueda lucrarse hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” a la pública
En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).
A finales de la década de los noventa, el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora).
En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados............................................
Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo consuman los “clientes” que puedan pagarla."
http://elpais.com/elpais/2012/07/06/opi ... 10539.html
